280.000€ POR FALTA DE INFORMACIÓN EN UN CASO DE SÍNDROME DE DOWN

A una mujer no se le realizaron las pruebas pertinentes y no se pudo detectar el Síndrome de Down que padecía su hija. Por tanto, los padres sufrieron una falta de información. No ofrecieron a la mujer la posibilidad de interrumpir su embarazo. La niña, además, sufría una malformación cardiaca que tampoco fue diagnosticada.

El Tribunal Supremo condenó a la Comunidad de Madrid al pago de una indemnización de 280.000 euros. Ya que no se realizaron las pruebas necesarias y se privó a la mujer del derecho a decidir.

Hechos ocurridos

La madre afectada tuvo controlado su embarazo en su ambulatorio de referencia y en el Servicio de Ginecología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid.

Según los informes médicos, la madre acudió con 10 + 3 semanas de gestación, para solicitar los documentos pertinentes para la realización del triple screening (pruebas de detección) del primer trimestre.

Sin embargo, dichas pruebas no pudieron ser realizadas en la fecha citada inicialmente. Esto fue debido a las de demoras en el Servicio de Ginecología. En la siguiente fecha que le citaron, adelantada por petición de la propia paciente, ya se habían sobrepasado las 14 semanas de gestación. Por ello no se llevaron a cabo las pruebas de triple screening.

Tampoco hay constancia de que se le propusiera a la mujer realizar las pruebas de detección del segundo trimestre. Si bien se sabe que su fiabilidad no es tan alta si se realizan de manera independiente y no combinadas.

El día del parto tuvo que realizarse una cesárea de urgencia. En el momento de ser trasladada a Neonatología se le detectó a la niña la Trisomía 21 (Síndrome de Down). Asimismo, dos días después, se le detectó una cardiopatía.

Sentencia

La Sala considera que la responsabilidad de no detectar el Síndrome de Down, y, por tanto, de ofrecer a la mujer la posibilidad de continuar o interrumpir el embarazo, recae sobre la Comunidad. Ya que, no sólo las demoras del servicio fueron las responsables de no poder realizar las primeras pruebas. Sino que, además, no consta que se le ofreciera de hacer las pruebas del segundo trimestre.

La sentencia corrige una sentencia anterior en la que se calificaba la negligencia de “pérdida de oportunidad”. Alegaban que la madre no había mostrado interés por las pruebas y que, de saber el resultado, no se sabía si hubiera interrumpido o no el embarazo. El Tribunal Supremo considera que, con tales afirmaciones, la Sala actuó de manera “ilógica o arbitraria”.

En consecuencia, decide fijar la indemnización en 280.000 euros.