600.000 euros por retrasar una cesárea

El Tribunal Superior de Justicia ha condenado al pago de 600.000 euros a la Consejería de Sanidad de Madrid por las lesiones que le provocaron a un niño al tardar más de una hora en practicar una cesárea desde que se prescribió por sospecha de pérdida de bienestar fetal.

 

Durante el proceso se sucedieron diversas irregulares que quedaron reflejadas en la sentencia:

 

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid no quiso aportar el expediente de seguimiento del embarazo, alegando que los documentos eran entregados a la paciente y no conservaban copia, aprovechando la ocasión para describir la asistencia sanitaria a través de un informe elaborado por el Jefe de Servicio de Ginecología del Hospital donde sucedieron los hechos, de fecha posterior a la reclamación patrimonial interpuesta.

 

En el citado informe el Jefe de Servicio describía la atención prestada, calificándola de correcta, achacando las secuelas del menos a una hipoxia sufrida durante el embarazo e indetectable. Además, refería  que la paciente había ingresado en el Servicio de Urgencias a las 8.55 horas por ruptura de la bolsa amniótica con líquido meconial y que tras la exploración, a las 9.00 horas, se detectó bradicardia transitoria en la gráfica del monitor, por lo que se decidió realizar una cesárea por sospecha de pérdida de bienestar fetal a las 9.55 horas, naciendo el niño a las 10.20 horas. Estos plazos serían los correctos de acuerdo con los protocolos de la SEGO, que establece el tiempo límite de extracción para estos casos en 30 minutos.

 

Sin embargo, tras muchos intentos, se consiguió la Historia Clínica y se objetivó: Que la parturienta ingresó en el Servicio de Urgencias a las 8 horas (no a las 8.55, como indicaba el Jefe de Servicio) Y que, además, a las 9.10 se monitorizó y se indicó cesárea por sospecha de pérdida del bienestar fetal, transcurriendo más de una hora hasta que, finalmente, nació el niño

Al niño le ha sido reconocida una minusvalía del 65% por “tetraparesia por encefalopatía y retraso madurativo por encefalopatía”. En base a la gravedad de tales lesiones padecidas y considerando la Sala que la asistencia sanitaria prestada no fue conforme a la “lex artis”, se ha condenado a la Administración al pago de una indemnización de 600.000 euros.