616.000 euros por las lesiones cerebrales sufridas en el momento del parto

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Sevilla estimó la demanda presentada por Don Rafael Martín Bueno, en reclamación de daños y perjuicios, por las secuelas que presenta un joven, de 19 años de edad, al no haber recibido la asistencia sanitaria correcta en el Hospital Punta Europa, de Algeciras, durante su nacimiento.

 

El 10 de octubre de 1985 la madre del afectado ingresó en el Hospital Punta de Europa de Algeciras para dar a luz. Sin embargo y a pesar de tratarse de un embarazo de alto riesgo, debido a lo prolongado de la gestación (331 días, cuando lo normal es una gestación entre 280 y 290 días), no le hicieron las pruebas habituales en aquélla época de bienestar fetal: No se monitorizó, ni se hizo amnioscopia, ni analizó el ph, realizándose un control por el método clínico, es decir, mediante auscultación de los latidos fetales. En este sentido, el propio Jefe del Servicio de Tocoginecología informó que de las dos máquinas de monitorización electrónica con las que contaba el hospital, una estaba ocupada y la otra no sabe si no estaba en activo o estaba averiada.

 

Horas después de su ingreso, los facultativos le rompieron la bolsa detectando líquido amniótico teñido de meconio, pasando a paritorio, donde se terminó el parto mediante ventosas obstetricias. Fue diagnosticado de sufrimiento fetal y, posteriormente, de “parálisis cerebral espástica-disquinética secundaria a anoxia fetonatal”.

 

La reclamación administrativa presentada por los padres, previamente a iniciar acciones judiciales, fue rechazada por considerar el Servicio Andaluz de Salud prescrito el derecho a reclamar por haber transcurrido el plazo de un año previsto en el artículo 142.5 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. Sin embargo, la Juzgadora acogió los argumentos de Don Rafael Martín Bueno a fin de establecer el plazo de prescripción a partir del momento en que se pudiera determinar el alcance de las secuelas.

 

Por tanto, habiendo evolucionado el grado de discapacidad, a lo largo de los años, hasta alcanzar, un 92%, se estimó que nos encontrábamos ante un daño continuado, argumentación que acogió la Sala del Tribunal Superior de Justicia