350.000€ POR LA AMPUTACIÓN DE UNA PIERNA POR UN RETRASO DE DIAGNÓSTICO

El paciente acudió a Urgencias con antecedentes de problemas cardiovasculares. Aun así, tardaron 5 meses en hacerle las pruebas diagnósticas necesarias. Por ese retraso, tuvo lugar la amputación de su pierna.

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha estimado el recurso presentado por Don Rafael Martín Bueno. Ha condenado a la Administración al pago de una indemnización de 350.000 euros.

Hechos ocurridos

El afectado acudió a urgencias en agosto de 2003. Presentaba un posible TAO (Tromboangeítis obliterante), una trombosis inflamatoria de las arterias pequeñas y medianas. Se le realizó una arteriografía que sugería obstrucción de las arterias humeral distal y radial de larga evolución.

En septiembre acudió a consulta de cirugía. Allí se le diagnosticó una probable TAO o enfermedad de Buerger. Por ese motivo se le citó, seis meses después, en marzo de 2004.

En esa fecha el paciente acudió de nuevo a consulta aquejado de dolor y agarrotamiento en pantorrillas. En ese momento se le indicó acudir al reumatólogo.

Allí acudió en abril de 2004, momento en el que se decidió realizar estudios para descartar vasculitis. Se solicitó una ecocardiografía con carácter ordinario y se le citó, cinco meses más tarde, en septiembre de 2004.

Pero dos meses después, en junio de 2004, el paciente sufrió un accidente embólico. Tras varias intervenciones y sesiones de rehabilitación, el paciente tuvo que ser ingresado en el servicio de medicina interna. Presentaba celulitis en la pierna izquierda, lo que provocó que finalmente le tuviera que ser amputada.

Sentencia

Según el informe pericial, si no se hubiera retrasado tanto la cita para el ecocardiograma (de abril a septiembre) se hubiera podido diagnosticar a tiempo la patología que presentaba el paciente.

Además, este mismo informe señala que, el día que tuvo lugar el accidente embólico, se produjo un retraso de 9 horas en la realización de una arteriografía. Esto condicionó la evolución desfavorable del paciente.

El Tribunal ha considerado que hubo dilación de la Administración. Afirma que la ecocardiografía se debió de realizar con carácter urgente y no ordinario como se hizo. Resalta que el paciente presentaba antecedentes desde 2002, lo cual no se tuvo en cuenta.

Por esta razón, la Administración deberá indemnizar con 350.000 euros al paciente.