Un juez condena al Hospital de Sagunto por los daños neurológicos sufridos por un niño a causa de varios errores asistenciales encadenados
Thalía tiene 18 meses y gatea a toda velocidad por la cama en la que descansa su hermano Neizan, de seis años. La niña le abraza y da dos besos antes de mirar con una sonrisa radiante a quien graba la escena. “Lo adora. Con lo pequeñita que es, impresiona ver el cariño que le da y cómo lo mima. De alguna manera, es como si ya fuera consciente de todos los cuidados que él necesita”, explica Andrea Téllez mientras muestra, en el salón de la casa en la que vive con sus padres en Massamagrell (Valencia), las imágenes de sus dos hijos.
Neizan nació en el Hospital de Sagunto —público y dependiente de la Generalitat Valenciana—, en los primeros minutos de la madrugada del 18 de noviembre de 2019. El embarazo había transcurrido sin complicaciones y los primeros momentos del parto fueron tan convencionales que lo más destacable fue la ilusión nerviosa de una madre primeriza de 22 años. Muy pronto, sin embargo, el oxígeno empezó a llegar con dificultad al cerebro del bebé sin que el personal sanitario lo detectara ni tomara las decisiones adecuadas para remediarlo.
“El resultado fueron unas secuelas neurológicas gravísimas por hipoxia [falta de oxígeno] que han causado al niño parálisis cerebral, retraso madurativo, epilepsia, problemas de visión y dificultades para alimentarse con normalidad, entre otros daños. Tiene un grado de discapacidad reconocido del 87%”, explica Rafael Martín Bueno, el abogado que ha asesorado a la familia y ha logrado ahora la mayor indemnización por una negligencia médica dictada nunca en España.
Según la sentencia firmada el pasado 26 de marzo por el Juzgado de Primera Instancia 103 de Madrid, que aún puede ser recurrida, los padres de Neizan —hoy separados— serán indemnizados con 13,3 millones de euros, de los que 6.106.275 corresponden al capital y el resto a intereses de demora. Esta cifra supera los 11 millones que recibió Chloe en otro caso similar llevado por el mismo abogado. Las elevadas cuantías en estos procesos se explican porque buscan resarcir secuelas en bebés que requerirán asistencia especializada durante toda la vida, además de hogares y vehículos adaptados.
“Neizan necesita el dinero para crecer lo mejor posible”, resume la madre mientras expone las atenciones que ahora siente que no alcanza a cubrir. “Él va a la piscina una vez a la semana. Me gustaría llevarlo más días, pero no puedo porque son 50 euros la sesión. Luego también tiene terapia y logopeda. Una parte la cubre la ayuda a la dependencia, pero hacer todo lo que el niño necesita me costaría más de 800 euros al mes. Ahora mismo no puedo pagarlos”, lamenta.
Andrea, que tiene formación en cocina y servicios de hostelería, trabaja los fines de semana a doble turno en una gasolinera y un restaurante. “También necesitamos una furgoneta adaptada para que quepa su carro, pero son más de 10.000 euros solo los arreglos y tampoco los tengo. Y, lo más importante, la casa. Esta [dice mientras señala el salón] no es adaptable, nos ha dicho el arquitecto. Tiene tres pisos. El niño todavía pesa poco y por ahora puedo llevarlo en brazos, pero llegará un día que será inviable. Con la indemnización, espero poder ofrecerle a Neizan un entorno a su medida con todos los cuidados que requiere para su desarrollo”, reitera la madre.
La sentencia del caso describe con detalle lo ocurrido desde que Andrea ingresó en el Hospital de Sagunto a las 6:31 de la mañana del 16 de noviembre de 2019, 41 horas antes del nacimiento del niño. Tras las medidas rutinarias iniciales, los problemas surgieron debido a “la ausencia de control de las gráficas de monitorización fetal y una incorrecta interpretación de las mismas por la obstetra”, lo que hizo que “pasara inadvertida una hipoxia intraparto”.
Según sigue el fallo, a las 11 de la mañana ya eran evidentes “alteraciones del registro cardiotocográfico que se fueron agravando progresivamente”. En estas circunstancias, los protocolos establecen la necesidad de hacer una prueba diagnóstica para confirmar el bienestar fetal que consiste en analizar una muestra de sangre tomada de la parte superior de la cabeza del bebé. Algo que no se hizo: “A pesar de las graves alteraciones objetivadas en la gráfica de monitorización, sugestivas de hipoxia intraparto, no consta valoración alguna por parte de la matrona ni [que esta] llamara a la obstetra responsable para su valoración”, sigue la sentencia.
Un último error del equipo que asistió al parto fue intentar el uso de la ventosa para acelerar el nacimiento cuando el bebé aún “no había alcanzado el III plano de Hodge”. Esta es una medida utilizada por los ginecólogos y matronas para saber cuánto ha descendido la cabeza del feto por la pelvis de la madre. Neizan aún se encontraba en el II, en el que el uso de la ventosa está contraindicado.
Todo lo anterior, según el juez, “obligaba a la extracción fetal inmediata mediante cesárea”, una medida que se retrasó una y otra vez. Finalmente, a las 0:05 del 18 de noviembre, “nace un niño en un lamentable estado de salud”, con menos de 60 pulsaciones por minuto, sin respirar de forma natural y con la tensión arterial muy baja, recoge el fallo.
“Lo tuvieron que trasladar al Hospital Clínico de Valencia, donde pasó 35 días en la UCI. Cuando me desperté de la anestesia de la cesárea, lo primero que hice fue preguntar por él. Inicialmente me dijeron que estaba bien, pero cuando fui a Valencia y lo vi todo entubado, se me vino el mundo encima”, recuerda Andrea.
El abogado del caso destaca la sucesión de incidencias mal resueltas durante el proceso asistencial. “Resulta llamativo que el personal sanitario no fuera capaz de monitorizar correctamente el parto ni detectar a tiempo los problemas. Pero luego, además, tampoco supieron reaccionar ni tomar las decisiones correctas para solventarlos”, afirma Martín Bueno.
Óscar Martínez, presidente del Grupo Español de Seguridad Obstétrica (GESO), alerta de que estos problemas son más frecuentes en maternidades pequeñas. Según las memorias del Hospital de Sagunto, el centro atiende menos de dos nacimientos al día (unos 650 al año). “La evidencia confirma que, a menos partos atendidos, peores resultados en salud para la madre y el niño. Una maternidad pequeña tendrá siempre menos medios y un personal menos experimentado frente a las complicaciones que un gran hospital. En Francia, por ejemplo, tienden a cerrarse los servicios que atienden a menos de 1.000 partos al año”, explica.
El debate, admite este experto, no es sencillo, ya que “políticamente resulta muy complicado cerrar una maternidad. Todo el mundo quiere dar a luz al lado de casa, pero no debe olvidarse que las pequeñas son menos seguras”. Solo en algunas circunstancias, añade, “sí está justificado mantener abiertos servicios con pocos partos”. Sería el caso de las islas o lugares alejados de otro gran hospital, como Teruel, porque “el riesgo de que todas las mujeres a punto de dar a luz hagan un traslado largo en el último momento es mayor que el de mantener abierta una maternidad pequeña”. La GESO participa en estos casos en un programa, denominado Ángeles de Guardia, para mejorar los resultados en salud de estos centros.
Sagunto está a 30 kilómetros de Valencia y bien comunicada por autopista, recuerda Martínez. Hace un año se hizo público que la Generalitat indemnizó con 175.000 euros a los padres de otro niño fallecido por una mala asistencia en el parto en el mismo hospital en 2013. El Gobierno regional ha declinado ahora comentar la sentencia y si tiene previsto adoptar alguna medida para reforzar la asistencia en maternidades pequeñas.