El menor padece una parálisis cerebral infantil de carácter grave con severa afectación cognitiva y tiene reconocido un 87 % de discapacidad.
Una jueza de Madrid ha emitido una sentencia histórica al establecer que una madre deberá ser indemnizada con una cantidad que asciende a los 13,3 millones de euros por las graves lesiones neurológicas que sufrió su hijo recién nacido. Este trágico desenlace fue consecuencia de una deficiente asistencia sanitaria durante el parto, un suceso que tuvo lugar el 17 de noviembre de 2019 en el Hospital de Sagunto, en la provincia de Valencia.
La resolución judicial, dictada por la magistrada de la Plaza 103 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid, condena de manera directa a las compañías aseguradoras de la ginecóloga y la matrona que atendieron a la paciente. Las empresas deberán hacer frente al pago de una indemnización principal de 6.106.275 euros que, al sumarle los intereses legales devengados desde la fecha de los hechos y las costas del procedimiento, alcanza el montante definitivo. El abogado de la demandante, Rafael Martín Bueno, subrayó que se trata de la mayor reparación económica concedida en España por un error de esta naturaleza.
Los hechos probados señalan que la mujer acudió al servicio de Urgencias del Hospital de Sagunto a las 6:31 horas del 16 de noviembre de 2019, encontrándose embarazada de cuarenta semanas de gestación. Pese a ello, el alumbramiento no se produjo hasta pasada la medianoche del día siguiente. La magistrada ha estimado íntegramente la demanda interpuesta, tras concluir que se produjeron importantes fallos en la vigilancia del bienestar fetal y una nula interpretación de las señales de alarma, lo que impidió a los facultativos adoptar a tiempo las decisiones clínicas necesarias.
Como resultado directo de esta falta de pericia, el niño nació en un estado de salud crítico. El recién nacido tuvo que ser trasladado de urgencia al Servicio de Neonatología para ser intubado y, posteriormente, derivado al Hospital Clínico, donde ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos aquejado de asfixia perinatal. En la actualidad, el menor padece una parálisis cerebral infantil de carácter grave, con severa afectación cognitiva y serias limitaciones en la comunicación comprensiva y expresiva. Ante este panorama clínico, tiene reconocido un 87 % de discapacidad, lo que le aboca a depender de cuidados constantes e ininterrumpidos durante toda su vida.
La sentencia hace especial hincapié en que la cifra indemnizatoria impuesta debe responder de manera precisa a las necesidades reales del menor. Para ello, el juzgado ha tenido en cuenta la asistencia continuada, los costosos tratamientos médicos y los múltiples apoyos diarios que precisará el paciente de por vida. En este sentido, la resolución no solo busca reparar el daño moral, sino garantizar la viabilidad económica de su cuidado.
En un comunicado público, el letrado Rafael Martín Bueno manifestó que este fallo judicial «refuerza la importancia de garantizar una adecuada vigilancia del bienestar fetal durante el parto y de actuar con rapidez ante cualquier signo de deterioro». Del mismo modo, el abogado recalca que la Justicia pone el foco en la imperiosa necesidad de asegurar que las víctimas de negligencias de este calibre cuenten con los recursos materiales necesarios para poder afrontar las duras consecuencias derivadas de una discapacidad de tan extrema gravedad.