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La pérdida de oportunidad se condena aun sin existir opciones

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La perdida de oportunidad se condena aun sin existir opciones

La pérdida de oportunidad de salvar la vida de un hombre se penaliza. Aunque de haber sido tratado con la máxima urgencia fuera también complicado salvarle la vida. Pero lo que se pena es no haber detectado y tratado antes su sufrimiento.

La familia ha recibido una indemnización de 160.000€ por esta negligencia médica. Rafael Martín Bueno ha conseguido que el TSJ de Madrid condene a la Admnistración.

Hechos ocurridos

La víctima se sometió a una nefrectomía renal (extracción del riñón) mediante laparoscopia. La interveción tuvo lugar sin problemas. Pero, en el postoperatorio, el paciente presentó mucho dolor, pese a la cantidad de sedantes suministrados.

Tuvieron que pasar dos días hasta que se le realizó una TC. En ella se observó líquido peritoneal y retroperitoneal en la fosa renal derecha. Ante dichos resultados se decidió una exploración abdominal por medio de una cirugía. En esta intervención fueron conscientes de una perforación duodenal y la repararon.

Aun así, tras la operación el paciente mostraba un cuadro hemodinámico inestables que terminó con una parada cardiorrespiratoria en menos de 24 horas.

La negligencia, por tanto, se dio cuando, durante el postoperatorio, no se dio importancia a los síntomas del paciente. Si se hubieran realizado los pruebas oportunas con anterioridad, se hubiera podido diagnosticar y tratar antes la perforación.

Aunque la Adeministración argumentó que la perforación fue accidental y se trató con todos los medios sin poder evitar el fallecimiento, el TSJ apoya la versión de la familia de que hubo un retraso.

Por tanto, la sentencia condena a la Administración al pago de una indemnización de 160.000 euros. Ya que considera que hubo una mala praxis ya que, aunque no se puede garantizar que el paciente hubiera sobrevivido, sí que habría aumentado las posibilidades.

En la noticia

«Sin embargo, el TSJ de Madrid apoya el argumento de los familiares del fallecido, defendido por el letrado Rafael Martín Bueno, quien acusa a la Administración de un retraso en el diagnóstico de la perforación.»

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